La iniciativa recibió 56 votos afirmativos y busca garantizar la continuidad y actualización de las prestaciones para personas con discapacidad. Fue respaldada por radicales, peronistas, senadores provinciales y dos miembros del PRO.

El Senado convirtió en ley la declaración de emergencia en materia de discapacidad, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. El proyecto obtuvo 56 votos a favor, aportados por bloques peronistas, radicales, provinciales y por los senadores del PRO Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez. En cambio, la mayoría de los legisladores del PRO, de La Libertad Avanza (LLA) y de otros espacios provinciales no se presentaron a la sesión al considerar inválida la convocatoria, que fue presidida por la senadora peronista Silvia Sapag.

La norma dispone la actualización retroactiva de los aranceles desde el 1 de diciembre de 2023 según la inflación acumulada y establece un mecanismo automático de ajuste mensual de las pensiones no contributivas según el índice de precios. También ratifica que el monto de estas pensiones equivaldrá al 70% del haber jubilatorio mínimo. Además, se garantiza una pensión inembargable para personas mayores de 70 años o con discapacidad que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y no cuenten con cobertura previsional ni recursos propios.

Durante el debate, Fernando Salino (Convicción Federal) remarcó que “tenemos que actualizar el CUD, el trámite es hoy toda una complicación y este proyecto de ley propone una metodología en este sentido”. Por su parte, Luis Juez (PRO), quien acompañó la iniciativa, afirmó que esta ley representa “mínimamente a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento”. Relató su experiencia personal con su hija Milagros, quien tiene parálisis cerebral, y expresó las trabas para acceder a terapias. Stefania Cora (PJ) añadió que “el Estado está en deuda con las personas con discapacidad” y destacó que la ley “pone requisitos claros y exige auditorías”.